El Mercurio: CEO de la noruega Statkraft Chile y el viacrucis de años de permisología: “No hay proyecto ni inversionista que resistan”
La estatal europea está a punto de terminar la construcción de una central hidroeléctrica en Río Bueno, la que no podrá operar, por retrasos en la Consulta Indígena. Alertan por impacto en cartera de inversiones por US$ 1.000 millones.
Una compleja situación está viviendo la empresa eléctrica estatal noruega Statkraft con su proyecto hidroeléctrico Los Lagos, iniciativa de 52 MW de potencia que está en su última fase de construcción, con obras civiles por sobre el 92% de avance, y que a mediados del primer semestre de 2025 estará en condiciones de dar inicio al proceso de inyectar energía al sistema.
No obstante, esto no se podrá concretar, luego que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), a raíz de hallazgos arqueológicos encontrados en las inmediaciones de la iniciativa (cerámicas), definió que la Consulta Indígena mandatada hace tres años por la Corte Suprema debe volver a su etapa inicial, de un total de cinco pasos que contempla. Las obras se iniciaron en 2019, con el objetivo de partir con las inyecciones de energía al sistema en 2022, pero el proceso de Consulta Indígena tardó dos años en comenzar y ahora está enfrentando un nuevo contratiempo.
“Recientemente, fuimos informados, en una reunión de lobby con la Secretaría Técnica del CMN, que el superior jerárquico del organismo definió que la Consulta Indígena se debe volver a realizar a través de reuniones que agrupen a todas las comunidades que están participando, a pesar de que al inicio del proceso el mismo CMN validó una metodología en que las reuniones se hacían en dos grupos separados, lo cual fue solicitado desde antes del inicio del proceso por un grupo de comunidades indígenas. Lo anterior, como resultado de un recurso jerárquico interpuesto por comunidades recurrentes”, explica la CEO de Statkraft Chile, María Teresa González, quien agrega que hasta el momento no tienen información de cuándo se retomará el proceso.
González plantea que es esencial que el Estado garantice que la institucionalidad funcione de forma no arbitraria, tomando un mayor protagonismo para que los organismos como el CMN cumplan con sus obligaciones administrativas.
“Primero, nos vimos enfrentados a la realización de una Consulta Indígena para la gestión de permisos que ya están contemplados en la ley y, además, estaban considerados en la RCA del proyecto. Y todo en medio de un proyecto ya en construcción. Luego, el Estado a través del CMN tomó dos años para recién iniciar el proceso y dejando en evidencia un deficiente conocimiento del territorio y de aspectos culturales”, señala, agregando que “ahora podemos quedar en un escenario en que, tras ocho meses de inicio del proceso, sin terminar la primera de cinco etapas, se reiniciaría el proceso de Consulta Indígena, pero con un criterio que solo entiende el mismo organismo, y que parte de las propias comunidades indígenas está cuestionando”, lamenta la líder de la generadora.
No es el único contratiempo que ha tenido que enfrentar el proyecto ubicado en la comuna de Río Bueno, que ya acumula 24 ataques de diferentes magnitudes, entre los que se consideran cortes de caminos, árboles derribados e incluso disparos. Ataques que han sido en contra de trabajadores y de las empresas contratistas de la iniciativa.
Dificultades con la cartera de inversiones
La CEO de Statkraft destaca que la firma cuenta con una importante cartera de proyectos en Chile, en distintas etapas, que comprende iniciativas solares, eólicas e híbridas, y varios de ellos con respaldo de baterías, con de 2.050 MW de potencia y una inversión proyectada del orden de los US$ 1.000 millones, desembolsos que requieren del visto bueno del directorio de la empresa en Noruega.
“Una de las características que más destacaban a Chile en la atracción de inversionistas era su estabilidad institucional y contar con una normativa clara. Y es muy complejo de explicar a un inversionista por qué un proyecto no se puede desarrollar si cumple con todo lo que establece la legislación correspondiente. El escenario actual para la inversión en Chile es diferente. Hay otros países que están siendo más competitivos que nosotros”, advierte González.
En este sentido, comenta que es cada ve más difícil dar explicaciones al corporativo, y que pese a que han tenido más de 70 reuniones con diferentes organismos del Estado, el proceso de Consulta Indígena no avanza según su cronograma.
Consultada respecto a si esto afecta el desarrollo de esa cartera de proyectos, González no lo duda y añade que “es difícil presentar nuevos desarrollos o casos de negocios si no tenemos respuestas claras sobre un proyecto que lleva años esperando permisos administrativos (...) Tenemos una cartera de proyectos de más de US$ 1.000 millones. Pero ciertamente, con estos plazos, con dos años para que se inicie un proceso, y con ocho meses para ni siquiera terminar una de las cinco etapas, no hay proyecto ni inversionista que resistan”.
Dicho fenómeno ya se ha visto en la industria energética, que ha reducido su dinamismo en las inversiones que se venían arrastrando hace años, de la mano del fuerte crecimiento del sector renovable.
Respecto a las razones, González apunta a que hay factores de mercado que han afectado los objetivos de algunas empresas, así como la falta de condiciones habilitantes que terminan por complejizar la inversión, como las complejidades en la obtención de permisos. “Además, es consenso general la necesidad de crecer en infraestructura para gestionar de forma más eficiente la capacidad de generación del país, y eso también repercute en las decisiones de inversión”, remarca.
La ejecutiva advierte de otros efectos que podrían impactar a la industria local producto de las complejidades en el desarrollo de proyectos, asociado al cumplimiento de metas que se ha puesto el propio Estado de Chile en materia energética.
“Si no ponemos sentido de urgencia y no se avanza en las necesarias certezas, se pone en riesgo la meta proyectada. Llegar a los objetivos de descarbonización al 2030, y de carbono neutralidad al 2050 o antes, implica contar con proyectos renovables para conseguir alrededor de 15 GW de potencia instalada”, recuerda González.
